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Unión Profesional de Galicia presenta una batería de alegaciones contra el Anteproyecto de Ley de Colegios y Servicios Profesionales
La asociación que representa a cuarenta y dos colegios profesionales gallegos denuncia que la futura ley es “intervencionista”, generará una contracción del PIB de Galicia y tendrá un “alto coste social” porque llevará a la quiebra a miles de profesionales que ejercen a título individual ante la imposibilidad de competir en costes.
27 de septiembre de 2013. Unión Profesional de Galicia, asociación que representa los intereses de 42 colegios profesionales de la comunidad autónoma y a más de 60.000 profesionales, remitió al Ministerio de Economía y Competitividad una batería de alegaciones contra el Anteproyecto de Ley de Colegios y Servicios Profesionales, aprobado el 2 de agosto en Consejo de Ministros. Unión Profesional de Galicia, que preside José María Arrojo Fernández, refleja en un documento común las aportaciones de los colegios que representa y las inquietudes del sector profesional. “La liberalización de los servicios profesionales tendrá efectos perversos en la defensa de los derechos de los ciudadanos”, asegura José María Arrojo, quien recuerda que la supresión de la colegiación obligatoria en algunas profesiones tendrá un alto coste social”. Prevé, entre otras consecuencias, la desaparición de miles de profesionales autónomos que ejercen en Galicia. José María Arrojo denuncia el “intervencionismo” de la Administración a través del Anteproyecto de Ley, que prevé que ésta pueda asumir competencias que “anularían la independencia colegial”.
El Gobierno aprueba un proyecto que elimina la obligatoriedad en numerosas profesiones. Solo se mantiene en las sanitarias, jurídicas y algunas técnicas. 
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Santiago de Compostela, 6 de agosto de 2013. Unión Profesional de Galicia, asociación que agrupa a las profesiones colegiadas de Galicia en 42 colegios profesionales, asegura que el Anteproyecto de Ley de Colegios y Servicios Profesionales, que el pasado viernes recibió la ‘luz verde’ del Consejo de Ministros, pone en riesgo los derechos de los consumidores y usuarios gallego de los servicios profesionales. “El Gobierno central no tiene en cuenta una serie de derechos que los ciudadanos deben tener a la hora de contar con los servicios de un profesional y que deben estar garantizado a través de la colegiación, que vela por unas normas éticas y deontológicas”, asegura José María Arrojo, presidente de Unión Profesional de Galicia.
La asociación que representa a 42 colegios gallegos exige “diálogo efectivo y real” sobre el Anteproyecto de Ley de Colegios y Servicios Profesionales
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