José María Arrojo, presidente de Unión Profesional de Galicia, asegura que los colegios profesionales "somos instituciones de derecho público reconocidas en la Constitución" que "avalamos y garantizamos los conocimientos, titulación y documentos de las profesiones frente a los ciudadanos y los poderes públicos". "La colegiación obligatoria es una garantía para el ciudadano y la sociedad", añade.

Unión Profesional de Galicia agrupa a los colegios profesionales de la comunidad gallega, y representa a casi todas las profesiones universitarias. Nace de la necesidad de coordinación para temas de interés común, y con una sola voz defender los valores de las profesiones asociadas ante la administración e instituciones públicas y privadas. Y colabora con ellas en todo aquello que suponga una mejora de las profesiones y profesionales, y redunde en beneficio de los consumidores y usuarios. Hoy representa a 60.000 profesionales del ámbito jurídico, sanitario, técnico, económico y social.

 

¿Qué momento vive el sector?

En 2009 se transpuso la directiva europea de servicios CE 123/2006 en la denominada Ley Ómnibus y en 2010 se publica el Real Decreto 1000/2010 sobre visados colegiales obligatorios. Y ahora estamos pendientes de la Ley de Servicios Profesionales que sustituirá a la Ley de Colegios Profesionales y establecerá las pautas de actuación. Desconocemos si el Gobierno la sacará adelante antes de que acabe la legislatura.

¿Cuál es el papel de los colegios?

Garantizamos el buen servicio de los profesionales a los consumidores, por tanto somos y seremos fundamentales para a la sociedad.

El Gobierno central llegó a decir que si se recortan competencias también se eliminarán trabas y se potenciaría la competencia.

Eso no es real, los colegios nunca ponemos trabas administrativas. Regulamos el ejercicio profesional y garantizamos, en calidad de autoridad competente, que dicho ejercicio se realiza desde unas exigencias mínimas y cumple los requerimientos de los consumidores; y por tanto es una garantía de los trabajos realizados. La buena praxis profesional reduce riesgos y los colegios disponemos de los Códigos Deontológicos para garantizarla.

¿Cree que la futura legislación restará capacidad a los colegios profesionales?

La Ley Ómnibus debe complementarse con la nueva Ley de Servicios Profesionales. Somos conscientes de las necesidades de modernización de los servicios que debemos dar a los colegiados y a la sociedad. Exigimos al Gobierno que tenga la habilidad de negociar dicha Ley.

¿De qué asuntos pretenden hablar con la Administración central?

Sobre la viabilidad de los colegios y la regularización del ejercicio de las profesiones. Queremos que el Gobierno perciba lo que hacemos: desde habilitar un censo de profesionales; pasando por preservar al conjunto de la sociedad del intrusismo profesional o títulos inadecuados y terminando por la garantía que supone para la salud, seguridad y medio ambiente, el trabajo de un profesional colegiado.

Fuente: El Correo Gallego
Fecha: 16 de julio de 2011